La huelga de hambre que expone recortes en el IPROSS
Eduardo mantiene una protesta afuera del IPROSS Cipolletti para exigir la restitución de las prestaciones médicas de su esposa y su hija, ambas con certificado de discapacidad.
Redacción
Master Río Negro
Publicado el:
Vie 12 Diciembre 2025 18:01hs
La huelga de hambre que expone recortes en el IPROSS
Eduardo Borgis permanece desde el jueves 11 de diciembre frente al edificio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) en Cipolletti. Según explicó, inició una huelga de hambre tras la suspensión de prestaciones médicas para su esposa, Silvia Carina Mardone (52 años), y su hija, Chiara Celeste Borguis (12 años), quienes cuentan con certificado de discapacidad.
Borgis sostuvo que hasta fines de 2024 el IPROSS cubría servicios domiciliarios de atención, enfermería, kinesiología respiratoria y controles médicos periódicos. “Jamás me notificaron por qué dejaron de autorizarlas”, afirmó.
Tratamientos discontinuados y diagnósticos médicos
Silvia Mardone padece diabetes tipo 1 y un tumor cerebral. Hasta diciembre de 2024 recibía atención domiciliaria las 24 horas, además de visitas médicas programadas. Según Borgis, desde enero de 2025 el IPROSS dejó de autorizar la totalidad de esas prestaciones.
Chiara, de 12 años, es cuadripléjica, tiene ceguera total, dependencia respiratoria crónica y se alimenta por sonda nasogástrica. Hasta diciembre de 2024 contaba con kinesiología respiratoria y un esquema completo de cuidados domiciliarios. Borgis indicó que los informes neurológicos de los especialistas Marcos Semprino y Espinosa, que siguen el caso desde 2021, respaldan la continuidad de los tratamientos.
Críticas al área de Discapacidad del IPROSS
Borgis cuestionó que el Departamento de Discapacidad del IPROSS esté integrado por una asistente social a cargo, una segunda asistente social, una enfermera y un psiquiatra, sin neurólogos que evalúen prestaciones vinculadas a patologías neurológicas.
También señaló que su hijo, Mardones Julián, enfermero profesional, fue excluido como prestador domiciliario pese a que —según el dictamen que mencionó— la Ley 2009-99 “no establece prohibición” para la relación enfermero-paciente dentro del grupo familiar.
Consecuencias económicas y denuncias de presiones
El denunciante afirmó que debió solicitar préstamos bancarios para cubrir gastos médicos que antes asumía la obra social provincial. Aseguró que también sufrió “persecuciones” dentro del sistema integral del Gobierno provincial y que su situación se viralizó en redes sociales.
Indicó que la delegación IPROSS Cipolletti “siempre fue receptiva”, pero que las decisiones se toman en la sede central del organismo, en Viedma.
Qué exige Borgis y cómo sigue el reclamo
Borgis aseguró que continuará en el lugar “hasta las últimas consecuencias”, aun cuando la medida ya le genera complicaciones de salud, económicas y emocionales. “El deterioro que están teniendo mi hija y mi señora es terrible”, señaló.
