Ley de Libertad Educativa: los 7 cambios clave que impulsa el Gobierno
El Gobierno buscará debatir en el Congreso desde marzo de 2026 propone modificar la estructura del sistema educativo.
Redacción
Master Río Negro
Publicado el:
Mié 10 Diciembre 2025 20:15hs
Ley de Libertad Educativa: los 7 cambios clave que impulsa el Gobierno
El Gobierno nacional presentará en marzo de 2026, en el marco del Consejo de Mayo, la Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que modifica contenidos, evaluaciones, acceso y financiamiento del Sistema Nacional de Educación.
El texto, revisado por Noticias Argentinas, plantea un nuevo paradigma basado en la autonomía pedagógica de cada institución y el “rol preferente de las familias”.
Autonomía pedagógica y rol de las familias
La iniciativa reconoce a cada institución —estatal o privada— la libertad para definir planes de estudio, orientación académica y contenidos mínimos.
También refuerza el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo según sus convicciones culturales y religiosas.
Aunque la ley ratifica la gratuidad en instituciones estatales, no menciona el carácter laico del sistema, lo que generó inquietud en parte de la comunidad educativa ante la posibilidad de incorporar educación religiosa.
En el sector privado, se confirma la potestad de seleccionar, contratar y remover personal docente y no docente de acuerdo con su ideario institucional.
Nuevos criterios de evaluación y formación docente
La reforma establece un sistema obligatorio de evaluaciones estandarizadas para acreditar contenidos mínimos en todos los niveles.
Estas pruebas serán definidas por la autoridad nacional en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.
Formación docente de cuatro años
La formación docente tendrá cuatro años de duración, con prácticas profesionales y dos dimensiones:
- Formación básica común, centrada en fundamentos pedagógicos.
- Formación especializada, orientada a contenidos mínimos de la Educación Básica.
La norma crea además el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y declara la capacitación continua como condición para la permanencia en la carrera.
Nuevas modalidades: educación en el hogar y aprendizaje virtual
La ley habilita modalidades alternativas a la escolaridad presencial:
- Educación en el hogar (homeschooling), dirigida por responsables parentales o tutores.
- Educación en entornos virtuales, mediante sistemas digitales integrales para cursada total o híbrida.
La validez académica de estas modalidades estará sujeta a la aprobación de evaluaciones estandarizadas.
Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)
El proyecto crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario e individual, que podrá rendirse al finalizar la secundaria o en años posteriores.
El examen incluirá Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, y tendrá tres objetivos principales:
- Medir el nivel alcanzado al finalizar la secundaria.
- Servir como herramienta de selección para instituciones de Educación Superior.
- Detectar estudiantes de bajos ingresos con alto rendimiento para programas de acompañamiento.
Cambios en el ingreso a la universidad y régimen de regularidad
- Eliminación del ingreso “condicional”
Para iniciar estudios superiores, los alumnos deberán tener título secundario completo, dejando atrás la figura del “alumno condicional”, vigente en universidades públicas como la UBA.
- Examen de ingreso directo
Las instituciones que ofrezcan cursos de nivelación deberán incluir obligatoriamente un examen de ingreso directo que permita ingresar sin cursarlos.
Este mecanismo permitiría, por ejemplo, ingresar a la UBA sin realizar el CBC.
- Regularidad mínima obligatoria
La propuesta exige aprobar al menos dos materias por año para mantener la condición de alumno regular.
La medida apunta a reducir la deserción, aunque especialistas advierten que podría dejar fuera del sistema a estudiantes con trayectorias discontinuas.
Auditorías y nuevo esquema de financiamiento
La ley refuerza las auditorías externas en universidades de gestión estatal, a cargo de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y el Ministerio de Capital Humano.
El financiamiento se dividirá en tres tramos:
- 75% según cantidad de estudiantes ajustados.
- 20% por criterios de desempeño académico, producción científica y extensión universitaria.
- 5% por programas de mejora institucional definidos por la Secretaría de Educación.
