Ley de etiquetado frontal: el Gobierno busca eliminar los octógonos

El gobierno de Javier Milei impulsa la eliminación de la ley de etiquetado frontal de alimentos, conocida por los octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcar, grasas, sodio y calorías. La iniciativa reabrió un fuerte debate político, sanitario y económico en Argentina.

La discusión volvió a instalarse en el Congreso luego de que legisladores oficialistas y aliados presentaran proyectos para derogar la norma sancionada en 2021. Desde el oficialismo sostienen que el sistema perdió efectividad porque la mayoría de los productos exhibe sellos de advertencia, algo que —afirman— genera “fatiga visual” en los consumidores.

Del otro lado, organizaciones sanitarias, nutricionistas y dirigentes que impulsaron la ley advirtieron que eliminar el etiquetado frontal implicaría un retroceso en materia de salud pública, especialmente en la prevención de obesidad infantil y enfermedades vinculadas a la alimentación.

El argumento del Gobierno contra los octógonos

Uno de los principales argumentos del oficialismo es que el etiquetado dejó de cumplir su función original. La diputada Daiana Fernández Molero, impulsora de la derogación, sostuvo que “cuando casi todo tiene octógonos, el etiquetado deja de llamar la atención y se convierte en parte del paisaje”.

Según explicó, el perfil nutricional adoptado por Argentina provoca que cerca del 85% de los productos comercializados tenga advertencias visibles en sus envases.

Desde el Gobierno también aseguran que la ley no logró incentivar cambios significativos en la composición de los alimentos ultraprocesados, uno de los objetivos centrales que había planteado la normativa original.

El impacto económico sobre la industria alimentaria

Otro eje del debate está relacionado con los costos que afrontan las empresas para adaptar sus envases a las exigencias locales.

Sectores industriales sostienen que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la normativa. Además, cuestionan que el sistema argentino no coincide plenamente con otros modelos utilizados dentro del Mercosur, lo que —afirman— genera trabas para exportaciones y operaciones comerciales.

En ese contexto, el oficialismo plantea que avanzar hacia una desregulación permitiría reducir costos y simplificar procesos productivos para la industria alimentaria.

Salud pública y obesidad infantil: el otro foco del conflicto

Los sectores que rechazan la derogación remarcan que la ley fue creada como una herramienta de información clara para los consumidores.

La exdiputada Brenda Austin, autora de la norma, calificó la propuesta como “una decisión equivocada” y defendió el derecho de las personas a conocer qué consumen antes de comprar un producto.

Durante el debate parlamentario de 2021 se había señalado que alrededor del 36% de los menores en Argentina presenta obesidad o sobrepeso, un dato utilizado para justificar la implementación del etiquetado frontal.

Especialistas en nutrición advierten además que el consumo excesivo de productos ultraprocesados está asociado a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas crónicos de salud.

¿Qué pasa con la publicidad dirigida a niños?

Uno de los aspectos más discutidos de la ley es la restricción de publicidad infantil.

La normativa prohíbe utilizar personajes animados, influencers infantiles, juguetes o figuras deportivas en productos que tengan sellos de advertencia.

Quienes respaldan el etiquetado consideran que estas limitaciones son claves para evitar estrategias de marketing dirigidas a niños y adolescentes. En cambio, sectores empresariales sostienen que las restricciones afectan herramientas comerciales legítimas y limitan campañas publicitarias.

Un debate que excede a los alimentos

Por un lado, el Gobierno plantea reducir intervenciones estatales y flexibilizar normas que considera excesivas para el sector privado. Por el otro, organizaciones sanitarias y especialistas sostienen que el Estado debe garantizar herramientas de información claras para proteger la salud de la población.

La polémica además podría tener impacto regional, ya que varios países de América Latina avanzaron en los últimos años con sistemas similares de etiquetado frontal para combatir problemas de obesidad y consumo excesivo de ultraprocesados.

Por ahora, los proyectos para eliminar la ley de etiquetado frontal recién comienzan su recorrido legislativo y todavía no hay definiciones sobre su tratamiento en el Congreso.

El debate promete escalar en las próximas semanas entre quienes consideran que los octógonos perdieron efectividad y quienes advierten que su eliminación implicaría un retroceso en políticas de salud pública y acceso a la información para consumidores.