El Gobierno nacional dio un giro en la regulación de los colegios privados al derogar el Decreto 2.417/1993, que durante más de tres décadas estableció un control estatal sobre los aranceles y la autorización previa para aumentos en las cuotas escolares.

La medida quedó oficializada con la firma del Decreto 787/2025 por parte del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo. A partir de esta normativa, los colegios privados que no reciban subsidios estatales quedan liberados de informar o solicitar permiso para fijar el valor de sus matrículas y cuotas.

Según el Ejecutivo, esta desregulación responde a la necesidad de adecuar el sistema educativo a las condiciones económicas actuales del país, otorgando a las instituciones mayor libertad para ajustar sus costos acorde a la inflación y los gastos operativos. Sin embargo, los colegios que sí reciben aportes provinciales seguirán bajo el régimen de control vigente.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno explicó que el esquema anterior "presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país". Además, destacó que la obligación de comunicar anticipadamente los valores "limitaba su capacidad de respuesta frente a las fluctuaciones del mercado".

El nuevo marco busca favorecer un ambiente más propicio para la gestión de estas instituciones, asegurando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad. El Ejecutivo señala que la desregulación beneficiará al 6% del sistema educativo nacional, correspondiente a colegios privados sin subsidios.

El economista Federico Sturzenegger apoyó la decisión en redes sociales, afirmando que la medida pretende "poner fin a los saltos exhorbitantes en las cuotas de los colegios privados" y actualizar un régimen que consideró "obsoleto".

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que esta desregulación "no afecta los derechos de los padres ni las obligaciones educativas de los institutos", sino que busca "modernizar la relación entre el Estado y las escuelas privadas".